Los proyectos que se debaten en el Congreso y que forman parte de la Agenda Social

Las primeras iniciativas nombradas por Presidente Sebastián Piñera para darle urgencia en su tramitación fueron los llamados proyectos Pro-Infancia, que terminan con el Sename y lo reemplaza por dos nuevos servicios públicos: el Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Servicio de Reinserción Juvenil.

La primera de estas propuestas fue presentada en agosto de 2018 y, actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Su objetivo es la protección especializada de niños y niñas, entendida como la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados de niños y niñas debido a abuso o maltrato, y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones.

Por su parte, el proyecto que crea el Servicio de Reinserción Juvenil fue presentado en abril de 2017, por la Presidenta Michelle Bachelet y se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. Este servicio sería la entidad pública especializada y altamente calificada que asuma responsabilidad directa, en coordinación con las demás agencias del Estado, del proceso de reinserción social de cada adolescente infractor a partir de la división del actual Servicio Nacional de Menores (Sename).

Otro proyecto destacado por el gobierno es el que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario. La iniciativa fue presentada en agosto de 2018 y se encuentra en la comisión de Trabajo y Previsión Social.

El modelo de financiamiento que propone este proyecto es a través de un sistema solidario por el cual los empleadores de la totalidad de los trabajadores contratados por el Código del Trabajo financiarán con un porcentaje de la remuneración de sus trabajadores, sin distinción de sexo, el acceso a la sala cuna de nuestras compatriotas, independientemente de si obtienen o no de inmediato el beneficio citado.

Finalmente, el gobierno llamó a acelerar la reducción de las contribuciones de los adultos mayores más vulnerables. Esta medida se encuentra contenida en el proyecto que moderniza la legislación tributaria, que se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado.

De acuerdo a los que establece el proyecto, la Ley 20.732, que rebaja el impuesto territorial de propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, estableció que los contribuyentes beneficiados pagarán como máximo al año el 5% de sus ingresos anuales, por su vivienda de mayor avalúo.

En esta materia, el proyecto de reforma tributaria pretende incrementar los avalúos límites para la aplicación del beneficio, en la proporción en que suben los avalúos habitacionales con ocasión del reavalúo (44% este año). Adicionalmente, establece que el contribuyente no pagará más de un 5% de sus ingresos anuales, o bien, pagará el 50% de sus contribuciones, dependiendo de lo que le sea más favorable.

Junto a lo anterior, se sumaría una exención del impuesto territorial a los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores (ELEAM) sin fines de lucro, agregándolos a la Nómina de Exenciones al Impuesto Territorial de la Ley 17.235, sobre Impuesto Territorial.

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