El problema de Jubilarse.

Sabemos que la línea de pobreza está delimitada por ingresos de $160.253 por persona, la canasta básica de alimentos por $41.927. El salario mínimo a partir de marzo de este año es de $301.000, el 50% de los trabajadores reciben en promedio un sueldo igual o inferior a $450.000. Con estos datos, estime cual es el nivel de precariedad de miles de familias.

El sistema de pensiones, a través de la capitalización individual, prometía una tasa de recambio del 80%, con tasas de interés promedio del 5%. Eso implicaría que al jubilarse las personas obtendrían un 70 a 80% de pensión, promedio de sus últimas remuneraciones. El año 2018 se jubilaron 124.938 personas y más del 50% obtuvieron pensiones menores a $48.240, lo que implica pasarlos directamente al Pilar Solidario, a través de la Pensión Básica Solidaria de $110.201, que para las personas de 85 años y más, el año 2024, se estima será de $190.097. (Estudios de la Fundación SOL, marzo de 2019).

En cuantas comunas, de la población económicamente activa, un porcentaje significativo no cotiza. Paradójicamente mejorarían su situación de vulnerabilidad al jubilarse ya que accederían a la Pensión Básica Solidaria; se entiende lo anterior, en el sentido que esa población disponible para trabajar no logra un empleo y sus ingresos son esporádicos.

El problema para los trabajadores activos, con bajos sueldos, lagunas previsionales y esperanza de vida artificialmente inflada, son futuras pensiones igual de bajas. Las reformas al sistema previsional han sido cosméticas y no han resuelto el problema de las bajas pensiones. Cambios estructurales, de no mediar un consenso político, serán cada vez más difíciles. Los recursos administrados equivalen a 2/3 del PIB, por lo que no es difícil intuir que comprar voluntades para asegurar el negocio, está al alcance de la mano.

El análisis de legalidad del recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por una profesora jubilada, para disponer del dinero de su cuenta de capitalización individual, servirá para revisar el derecho de propiedad consagrado en la constitución política y sentar jurisprudencia. Singulares “Capitalistas Individuales”, desde que nos contratamos hasta la muerte, no podemos ejercer tal condición y menos el derecho de propiedad; situación inversa para AFP’s y Compañías de Seguro, que por retiro programado o renta vitalicia, disponen y rentan hasta el último de nuestros días. Es la trampa de la capitalización individual, que al no tener un componente de reparto y/o solidario, está diseñado para beneficiar a trabajadores de rentas altas, con capacidad de ahorro, a las administradoras del sistema, a los grupos económicos y sus oligopolios.

Jubilarse, un drama para los trabajadores formales; para otros tantos, la PBS un paliativo a su precariedad. Esta pobreza importa poco al poder político-económico, a menos que los pobres dejaran de votar, de consumir y de endeudarse. Por ahora, desde alguna oficina corporativa, dejar que los perros ladren, les parecerá señal de seguir avanzando.

Roberto Bravo Galleguillos.

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