SINGULARES INCONSECUENCIAS

Loreto Salas Leal, Profesora, Docente y colaboradora, Centro Universitario Coyhaique Universidad de Magallanes

Hace unos días escuchaba la conversación de un grupo de personas que plateaban la siguiente postura frente a la población inmigrante: “Si ellos se vienen para acá, entonces que se acomoden de nuestra forma de ser”. En otro momento escuché comentarios referidos a una escuela diferencial de la región que planteaba: “Lo fome de esa escuela es que tiene pocos talleres laborales” y la semana pasada, por motivos personales, tuve que solicitar información en dos instituciones públicas, una asociada al Ministerio de Desarrollo Social y otra vinculada con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social…lo curioso de esta búsqueda de información y orientación es que en una de ellas me preguntaron, con una lenguaje verbal, paraverbal y no verbal de dudosa amabilidad: ¿Pero por qué fue a buscar información a esa oficina y no vino primero con nosotros?  … y es a partir de este análisis incoherente es en donde comienzo a articular la reflexión ¿Cuál es el punto de unión entre los inmigrantes, los talleres laborales de una escuela y la lucha de egos entre las instituciones públicas?…sólo se me  presenta la siguiente posible respuesta dicotómica: INCLUSIÓN / DISCRIMINACIÓN

Sin duda el concepto de inclusión se ha transformado en una especie de estandarte dentro del discurso público y privado, fortalecido por la gestión y promoción de políticas públicas sustentadas en la promulgación de leyes como: N° 20.609 (Ley Zamudio), N° 21.015 (Inclusión laboral de personas con discapacidad), N° 20.422 (Igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad), N° 20.845 (Inclusión escolar), por lo que no asumir su validación social se convierte en una aberración política.  Sin embargo, en este discurso la línea entre lo políticamente correcto, lo jurídicamente correcto y lo éticamente correcto se transforma en un hilo muy fino y frágil, susceptible de cortar, reorganizar y manipular cuando “lo inclusivo” no circula en el adn de las instituciones sociales.

No podemos hablar de que estamos en un país con prácticas inclusivas cuando se intenta promulgar en el Congreso un proyecto de ley que promueve una “admisión justa” en las condiciones descritas en dicho documento, a pesar de que el fundamento epistemológico de las leyes antes mencionadas radica en la convicción del que el ser humano se fortalece y desarrolla en plenitud en la experiencia de vivir y convivir en diversidad.

 No podemos hablar de una comunidad con prácticas inclusivas cuando el sector privado limita el ingreso laboral a personas con discapacidad de acuerdo al 1% estipulado por la ley o en su defecto compensa con donaciones o aportes a programas para que otras organizaciones cumplan con la responsabilidad ética y social que les compete.   Bajo esta mirada ¿Cómo las escuelas diferenciales de la región van a abrir talleres laborales innovadores y coherentes con las demandas actuales si es el mismo sector privado que limita la inserción de los actuales y futuros trabajadores con discapacidad?, sería una irresponsabilidad institucional y ética generar expectativas en los estudiantes y sus familias  cuando el campo laboral para trabajadores con discapacidad no se ha diversificado y dicha diversificación no depende precisamente de la gestión de los establecimientos educacionales.   

No podemos hablar de instituciones inclusivas si las mismas instituciones gubernamentales no son capaces de trabajar mancomunadamente, incorporando prácticas administrativas inclusivas, o al menos con énfasis en fortalecer el desarrollo intersectorial y no en la discriminación mutua de sus funciones.  Sin duda que con estas prácticas mermamos la proyección de nuestra imagen país en favor de la inclusión. A pesar de estas “singulares” inconsecuencias en el discurso público y privado, no podemos desmerecer los esfuerzos que hacen las diferentes organizaciones que han luchado históricamente contra la discriminación, las agrupaciones LGBTQ, asociaciones de familiares y amigos de personas con discapacidad,  de inmigrantes extranjeros,  de mujeres que luchan por la reivindicación de sus derechos fundamentales.  Todas estas organizaciones y más han generado que los gobiernos no se den por aludidos frente a esta problemática y de esta forma hemos avanzado en materia de inclusión y contra la discriminación arbitraria.  Sin embargo, no podemos pecar de ingenuos al pensar que por estar normada la situación está subsanada y el resto se generará per sé.  Tenemos un desafío como sociedad del cual hacernos responsables, no sentirnos avergonzados y/o antipatriotas por esforzarnos en aprender a hablar kreyol para recibir a un colega haitiano, minimizando de esta forma las barreras para su plena integración social.  Invitemos a las instituciones públicas a minimizar sus egos y fortalecer sus redes, invitemos a las familias a inyectar en el adn de sus hijos el discurso inclusivo, de esta forma y con el tiempo contribuiremos lentamente a erradicar los conceptos de INCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN del diccionario.

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