En menos de 24 horas investigan nuevo hecho de violencia registrado en una detención policial

En esta oportunidad la detención sí fue declarada legal. PDI investiga la veracidad de los hechos. Desde la Defensoría Penal Pública repudiaron estos hechos toda vez que se ven vulnerados los derechos de las personas detenidas.

Un nuevo hecho de abuso de poder y exceso de fuerza al trato de los detenidos es lo que está investigando por parte de la Fiscalía y Defensoría, esto luego que carabineros de la Primera Comisaría de Coyhaique, durante la madrugada del 23 de marzo, concurrieran al control de un llamado por daños en el contexto de violencia intrafamiliar.

Una vez realizada esta audiencia de control de detención, la Defensa presenta una denuncia en contra de los funcionarios aprehensores que realizaron el procedimiento, por el delito contemplado en el artículo 150 A del Código Penal, y además, que se investigue el eventual delito de falsificación de instrumento público, tomando en consideración que lo que está consignado en el parte policial constituye una falsedad.

El Tribunal, en relación a la denuncia realizada por la Defensa, se ordena oficiar al Prefecto de Carabineros de Coyhaique, indicando que el día de hoy el imputado L.A.A.S, llega al Tribunal con evidentes señales de haber sido maltratado al momento de su detención. El propio imputado  indicó que estando esposado funcionarios de Carabineros lo agredieron, además, se hace presente que el día 22 de abril,  en audiencia de control de detención existió igualmente otra denuncia por un imputado que fue detenido en Cerro Castillo en relación a Carabineros de Puerto Ibáñez, manifestó la jueza Cecilia Urbina Pinto.

En este sentido el abogado defensor Mauricio Martínez dijo al Diario de Aysén que “En la causa que se informó como de violencia intrafamiliar, pero que en realidad correspondía a un procedimiento por el delito de daños, discutida en audiencia el día miércoles pasado, es importante aclarar que la detención de mi representado fue declarada legal por la jueza de garantía de Coyhaique, sin perjuicio de ello, como defensor y funcionario público, considerando que había mérito, denuncié que mi defendido señaló haber sido objeto de vejámenes durante su detención. El hecho de que una detención sea declarada legal, no impide que igualmente deba exigirse a los funcionarios policiales que velen por el debido respeto e integridad física y psíquica de los detenidos, tomando en consideración que sus garantías y derechos son siempre exigibles. En este contexto, pese a que había mérito para detener a esta persona, la denuncia se realiza tomando en consideración que los funcionarios de Carabineros, excedieron sus facultades, golpeando injustamente a mi representado, el que resultó con lesiones en su rostro”, señaló el jurista.

Desde el Ministerio Público manifestaron que el imputado fue condenado en la misma audiencia con una multa por los daños causados en el contexto de violencia intrafamiliar (VIF) y que se encomendaron los trabajos investigativos a la Policía de Investigaciones para esclarecer los hechos denunciados por la Defensoría “Estos hechos se investigan como cualquier otro caso, se despacharon las diligencias correspondientes en este caso a la PDI, y se realizan diligencias pendientes para esclarecer si el hecho existió y para determinar quiénes tienen participación en la misma para encuadrarlo eventualmente en un delito”, señaló el fiscal José Moris Ferrando.

En esta materia Mauricio Martínez Peralta, fue enfático en señalar que “Es preocupación de la Defensoría Penal Pública que los derechos y garantías de las personas sean respetados, en particular de las personas detenidas e imputadas, es decir,  quienes son retenidos por las policías, llevados a control de detención y, eventualmente, son formalizados por sospecharse que puedan ser autores, cómplices o encubridores de un delito. Todas las personas que, por cualquier razón, sean detenidas por las policías, tienen entre otros,  derecho de ser tratados como inocentes,  a saber por qué los detuvieron, a ser tratados dignamente y esto incluye algo tan básico como no ser golpeados, ni sufrir otros tratos violentos o humillantes”, dijo el defensor, añadiendo que “Al momento de detener a una persona, las policías -que cuentan con preparación y herramientas específicas – deben usar la fuerza justa  para que su cometido se cumpla. Como defensores públicos, no podemos permitir el uso de fuerza irracional, desproporcionada, ni menos injustificada, por parte de las policías para detener a alguien. En este sentido, los tribunales de justicia nos encuentran la razón cada vez que han declarado ilegal una detención”, finalizó el defensor penal público.

Es importante señalar que según las estadísticas de la Defensoría Penal Pública, entre enero y diciembre de 2018 se decretaron 54 declaraciones de ilegalidad de detención. Esto es un 200% más que en el año 2017.

Finalmente señalar que intentamos comunicarnos y obtener la versión del personal de la Primera Comisaría de Carabineros y Prefectura, situación que hasta el cierre de esta edición fue imposible de lograr ya que se encontraban en actividades propias de su institución.

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