Seguridad pública y reinserción social

Eugenio Canales Canales / Seremi de Justicia y Derechos Humanos Región de Aysén

La seguridad pública, como demanda ciudadana, debe ser abordada por el Estado no solo a través de la prevención del delito y de su sanción, sino que especialmente desde la generación de herramientas y programas que permitan la reinserción social de las personas que han infringido la ley penal y con ello, disminuir la reincidencia delictiva.

La tendencia actual en materia de políticas públicas de seguridad ha sido la revisión constante, aunque asistemática, de la legislación penal, buscando prevenir y reprimir el delito mediante adecuaciones al proceso penal y penas cada vez más duras. Sin embargo, si ello no va acompañado de una efectiva política de reinserción social que permita disminuir la reincidencia y reintegrar a la persona condenada a la sociedad, corre el riesgo de no ser efectiva. En efecto, el compromiso debe extenderse a quienes han sido condenados/as por infracción a la ley penal, considerando que una persona que logra reinsertarse en su comunidad, es también una inversión en seguridad pública e inclusión social.

De ahí la importancia de una alianza público-privada, que constituye una instancia intersectorial en la que convergen actores públicos y privados, academia, organizaciones de la sociedad civil, con enfoque de género y participativa, que busque alcanzar la finalidad de reinsertar socialmente y de manera efectiva a las personas que han sido condenadas.

En tal sentido, nos hemos propuesto implementar y fortalecer la colaboración público-privada como mecanismo que contribuya a la reinserción y a la seguridad pública, y así permitir que más personas puedan acceder a un empleo y a un ingreso estable. Creemos firmemente que es una de las vías para abordar una realidad latente, debiendo ser esta una instancia permanente, con el fin de generar una oferta integral para personas que han sido condenadas, con acciones concretas desde el ingreso de una persona a una unidad penal, otorgando las prestaciones desde los distintos ámbitos (educación, consumo de sustancias, uso del tiempo libre, familia e intervención especializada), con el enfoque en el proceso de capacitación e inserción laboral, que disminuya el riesgo de incidencia de esta población y así, disminuir el índice de victimización y aumentar la seguridad en nuestra sociedad, contribuyendo de esta forma al respeto de los derechos humanos, tanto de la población en general y su ejercicio del derecho a la seguridad, como a la población penal en cuanto al derecho a reinsertarse en la sociedad.

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