Los riesgos de la firma electrónica sin control

Abdallah Fernández Atuez
Notario, Conservador y Archivero Judicial de Chile Chico.

Actualmente se discute en el Congreso la normativa que amplía el uso de la Firma Electrónica Avanzada (FEA), abarcando una serie de trámites, entre los cuales se encuentran los trámites notariales y registrales.

Pese a que la Cámara de Diputados restringió el uso de la Firma Electrónica Avanzada, lo que significa que no se podrán utilizar en escrituras públicas, esto no es suficiente. Existe la errada creencia de que los actos notariales importantes se otorgan por escritura pública, y los de menos relevancia por instrumento privado, por tanto, en este último caso no sería necesario un mayor control de la Fe Pública. Eso es un error, porque por instrumento privado se pueden otorgar actos de familia o patrimoniales de particular relevancia.

El problema está en el conjunto de disposiciones del proyecto que ponen en riesgo a las personas más vulnerables, como las personas de la tercera edad, personas con menor preparación, con menos conocimiento de las herramientas tecnológicas, los menores de edad, entre otras.

El proyecto de Ley que se aprobó en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados permite una riesgosa flexibilidad para obtener la FEA. Hasta ahora, esta era obtenida en forma presencial y personal por el titular de la firma. Este proyecto permite la obtención por un acto que no será presencial y, por ende, nadie está en condiciones de asegurar que siempre será el titular quien esté realizando el trámite de adquirir la FEA.

Los notarios hemos expresado nuestro respaldo a la normativa que en el 2014 aprobó el Senado en Primer Trámite Constitucional, en el sentido que con la Firma Electrónica Avanzada se permita realizar trámites que dicen relación con hechos que sólo afectan a las personas que realizan el respectivo trámite. Los llamados “trámites o declaraciones sobre hechos propios”. Estos, inclusive, deberían eliminarse si los organismos del Estado no los solicitasen. Entre ellos están la certificación de soltería, de sobrevivencia, las declaraciones juradas de residencia, ingresos, y salvoconductos, entre otros.

Nadie puede oponerse a incorporar las nuevas tecnologías a nuestro quehacer cotidiano, pero ello no puede afectar la seguridad de las personas más vulnerables. Esto es lo que ocurre con el proyecto despachado por la Cámara, ya que sustituye parte importante del rol del notario por un Software (FEA, más sellado de tiempo), para certificar trámites sumamente delicados como son los actos de familia y aquellos que afectan los derechos de terceras personas.

Apoyamos el proyecto de Ley, pero por ejemplo, no respaldamos la disposición que permite la autorización de la salida de menores de edad del país mediante el uso de una clave electrónica. Hoy, este sistema funciona con una certeza del cien por ciento, dando seguridad a las familias, por lo que en nuestra opinión debe mantenerse como un trámite presencial. La mayoría de las notarías disponemos de la tecnología necesaria para mantener un sistema en línea con la PDI que permite certificar electrónicamente en los terminales aéreos y salidas fronterizas los documentos que padres y madres han otorgado en una notaría.

Un software tampoco permite detectar si un adulto mayor está actuando bajo coerción o si un tercero pudo obtener clave para la firma electrónica avanzada de una persona sin su conocimiento. Los notarios ponemos especial cuidado cuando es un adulto mayor o una persona en situación de vulnerabilidad quien toma la decisión de celebrar un contrato u otorgar mandatos sobre sus bienes, lo que ha permitido detectar numerosas situaciones irregulares, de abuso o de coerción, para que las personas de la tercera edad actúen de una u otra manera.

Apoyamos actívamente la incorporación de tecnología en el servicio que entregan las notarías, pero, con la misma fuerza, instamos al Gobierno y a los parlamentarios a preocuparse también por la seguridad de las personas más vulnerables.

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