Fortalecimiento del Sistema Postpenitenciario

Eugenio Canales CanalesSeremi de Justicia y DD.HH
Región de Aysén


Tal como lo señalan las Reglas Nelson Mandela, el deber de la sociedad no termina con la puesta en libertad de la persona condenada. Por consiguiente, se debe contar con los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar a la persona que ha cumplido su condena una ayuda postpenitenciaria eficaz, que contribuya a disminuir los prejuicios contra ella y le permita reinsertarse en la sociedad.

Un apoyo postpenitenciario, ya sea por el gobierno central o por otros organismos públicos y privados, es fundamental en este proceso de integración ya que se ha demostrado que las prestaciones postpenitenciarias, contribuyen en la reducción de la reincidencia en conjunto con los programas que se ejecutan durante el cumplimiento de una condena.

Asimismo, la evidencia internacional coincide en dos factores asociados al desistimiento del delito y al cambio de la identidad delictual, tanto en hombres como en mujeres: el trabajo y un entorno pro social. Pero la búsqueda de un trabajo lícito para las personas que han cumplido su condena, se dificulta si presentan un certificado de antecedentes penales con anotaciones.

En Chile, existen varias normas dispersas y de distinta jerarquía legal  que establecen la omisión y eliminación de antecedentes penales. Sin embargo, algunas de ellas contemplan requisitos que no facilitan el acceso a este proceso, que en un alto porcentaje está motivado por el deseo de las personas de insertarse en el mundo laboral. Así, un estudio demostró que para los usuarios/as del Decreto Ley N° 409 de 1932, la principal motivación para eliminar sus antecedentes penales está relacionada con la optimización de sus escasas posibilidades laborales.

Si bien la atención a personas que han cumplido condena ha mostrado ciertos avances en el último tiempo, relacionados con la instalación de nuevas estructuras que organizan las acciones y posibilitan un mejor funcionamiento, el Estado aún tiene desafíos al respecto, principalmente en dos ejes: a) la progresividad en la ejecución de las penas, esto es, contar con un sistema de cumplimiento que potencie la salida de las personas privadas de libertad en distintas etapas, minimizando de este modo el tiempo de encarcelamiento y promoviendo un acercamiento gradual a la comunidad y b) aumentar la cobertura y oferta programática para las personas que se encuentran en etapa postpenitenciaria.

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