El buen trato y protección de las personas que debemos cuidar

Eugenio Canales Canales

Seremi de Justicia y Derechos Humanos

La violencia hacia los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad es uno de los problemas más graves, y muchas veces invisible, que enfrenta la sociedad chilena.

Con la dictación de la Ley N° 21.013 que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de otras personas en situación especial,  el legislador  ha querido dejar en claro que “no puede existir ninguna forma de maltrato aceptable o tolerable” hacia estos grupos de personas.

La normativa, en comento, constituye un avance en la materia y posiciona a Chile como uno de los países con los más altos estándares en la protección de menores víctimas de violencia.

En efecto, hasta antes de la dictación de esta ley, solo se castigaba como delito el maltrato que producía lesiones. Ahora, en cambio, son también sancionadas aquellas conductas de violencia física que no producen lesiones y las que provoquen un trato degradante, humillación y menoscabo a la dignidad humana de las víctimas.

A través de ella, igualmente, se ha venido a llenar un vacío en nuestra legislación, en lo referente a conductas de maltrato infantil producidas en el ámbito extrafamiliar, a saber: jardines infantiles, salas cuna y escuelas, centros de diagnóstico u hospitales, residencias de protección públicos o administrados por terceros, espacios públicos y centros comerciales, casas de reposo de adultos mayores, entre otros lugares.

En cuanto a los castigos contemplados por la Ley, esta ha buscado mantener la armonía y debida relación con los tipos penales ya vigentes. Así, para el “maltrato corporal relevante”, la pena es de prisión en cualquiera de sus grados o multa de 1 a 4 UTM, salvo que el hecho sea constitutivo de uno de mayor gravedad. Para el “trato degradante”, la pena es de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días), teniendo asignada una mayor pena, por cuanto exige un menoscabo grave de la dignidad.

La Ley no exige habitualidad o reiteración, basta una sola conducta degradante o de maltrato corporal relevante hacia las personas que la ley protege, para que tal hecho sea penalmente reprochable.

A diferencia de lo establecido en la Ley de Violencia Intrafamiliar, esta norma elimina la precalificación ante los Tribunales de Familia, con lo que el Ministerio Público podrá iniciar de oficio la investigación.

A su vez, esta Ley complementa y armoniza el tratamiento de maltrato al grupo objetivo en contexto intrafamiliar, pues establece una mayor penalidad en caso que el agresor(a) tenga deber especial de cuidado o protección, tal como ocurre con educadores(as) y funcionarios de jardines infantiles o salas cuna, profesores, empleadas de casa particular, cuidadores(as)  o guardadores(as)   a cargo del cuidado de las personas que protege la ley.  En dicho supuesto, la pena es de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días), en atención al cargo que desempeñan y al deber que les cabe.

Respecto de las mismas personas, la ley sanciona, además, la conducta omisiva, esto es que, estando en posición de hacerlo, no evita la conducta de maltrato realizada por otro contra un niño(a),  adolescente menores de 18 años, adulto mayor y personas en situación de discapacidad que protege la ley.

Finalmente, hacemos un llamado a denunciar estas conductas, y que el bien jurídico que la ley  busca proteger sea efectivo, pues sólo así, propiciaremos  un nuevo trato para con la niñez, la adolescencia, los adultos mayores y personas en situación de discapacidad, que armonice el ejercicio del deber-facultad de orientación de las madres, padres o cuidadores legales o responsables institucionales, con la obligación de respeto a la dignidad y protección efectiva del derecho a la integridad psíquica y física de las personas.

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